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La importancia de estos centros culturales para el país está fuera de duda; de ahí que sea perentorio asegurar los recursos que garantizarán su óptimo funcionamiento.

Editorial El Tiempo ,2 de noviembre de 2012

Inquietan las noticias relacionadas con el libro y la lectura. Por una parte, las redes sociales han irrumpido con fuerza en la disputa de las actividades cotidianas, de modo que el tiempo libre o las horas de estudio que en una época eran casi un monopolio de los libros hoy se reparten entre la televisión, las consolas de juego, las tabletas, los teléfonos inteligentes y otros medios nuevos.
Por otra, se cuestiona la existencia del formato tradicional del libro impreso, que heredamos de don Juan Gutenberg en el siglo XV, pero aún no se ha dado un paso definitivo hacia el libro electrónico. En tercer lugar, la crisis económica generalizada castiga con severidad a la industria editorial.

El resultado en Colombia de esta conjunción de males es un retroceso en la circulación y lectura de libros. La encuesta de hábitos de lectura señala que en las 13 principales ciudades del país el 59 por ciento de los ciudadanos no los lee, una de las cifras más altas de América Latina. Como efecto de la pérdida de su importancia, cada año desaparecen librerías y se concentran las sobrevivientes: el 44 por ciento de ellas operan en Bogotá, Cali y Medellín, y 13 departamentos cuentan con menos de 5.

Es lamentable saber que en un solo lustro, del 2000 al 2005, el número de libros leídos al año por cada colombiano bajó de 2,4 a 1,6. Menos de uno semestral es un dato vergonzoso, sobre todo a sabiendas de que millones de colombianos no leen un solo tomo a lo largo de su vida, y solo aparecen en las estadísticas gracias a la misericordia de los promedios.

Educadores y sociólogos reconocen que sin libros no es posible construir una cultura solvente, ni personal ni social. Los medios de comunicación informan, pero los libros forman. Uno de los recursos que ha intentado desarrollar el país mediante el esfuerzo aunado del Ejecutivo, el sector privado y gobiernos extranjeros es la extensión y fortalecimiento de las bibliotecas públicas, que, como es bien sabido, para muchas personas son la única posibilidad de explorar horizontes más allá de su vida cotidiana.

Con tal espíritu, una ley de 1997 dedicó el 10 por ciento del aumento del IVA que se paga por el uso de teléfonos celulares -que pasó del 16 al 20 por ciento- al fortalecimiento de las bibliotecas públicas.

Pero, como no hay peleas más duras que las peleas de pobres, tres años después el sector del deporte -también de indudable importancia en el desarrollo social- logró una ley, la 1393 del 2010, que suprimió el 10 por ciento de las bibliotecas y lo destinó al fomento deportivo. Una sentencia de la Corte Constitucional declaró inexequible la norma, y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas pudo recuperar así ese 10 por ciento del 4 por ciento, que le representa 20.000 millones de pesos anuales.

Ahora, sin embargo, a los problemas que enfrenta la actividad lectora y bibliográfica se suma uno más. Se trata de un nuevo proyecto de ley que pretende redistribuir la sobretasa de celulares. Esta vez se plantea que aquel 4 por ciento se reparta por mitades entre el deporte y la cultura. Pero el proyecto no menciona el 10 por ciento que confiere la ley de 1997 a las bibliotecas, razón por la cual algunos podrían entender erradamente que se suprime de nuevo la asignación.

Es indispensable, pues, que la iniciativa, y ojalá también la reforma tributaria, incluya una referencia específica a dicha partida y que el reparto por mitades se haga solamente después de haber descontado lo que la ley otorga desde 1997 a las bibliotecas públicas. Es decir, sobre el 90 del 4 y no sobre el 100 del 4. Un parágrafo bastará para aclarar dudas y salvar la situación. Confiamos en que el Congreso así lo hará.

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